Daniel Ulibarri

Virtuales incertidumbres

El paraíso. Conectar para generar igualdad de oportunidades, una sociedad justa con acceso a información, educación, a la cultura, educación, salud, a la información pública, ejercer la libertad de expresión y promover la pluralidad, la opinión pública informada.

 

La conectividad genera inclusión digital y con ello se combate la pobreza, se promueve la economía digital y la competitividad.

 

El mundo digital genera nuevos modelos de negocio y cadenas de valor, una sociedad innovadora que transforma digitalmente todo lo que pueda transformarse.

 

Pero, ¿es correcto que, a nuevos modelos de negocio y bienestar digital, se le intente destruir, inhibir o regular con leyes del siglo pasado o imitación extra lógica de otros países? No. La innovación es sinónimo de bienestar.

 

El infierno. El infierno está lleno de buenas voluntades o deseos. Con buena fe, legítimo interés y preocupación, los reguladores y autoridades europeos regulan el mundo digital con una dureza y voluntad incontenible: desde el derecho de la competencia económica, la protección del consumidor, la protección de datos personales, la regulación de las telecomunicaciones, el derecho laboral, los servicios públicos, el derecho a la información y, en general, los derechos digitales.

 

Europa ha construido una burocracia vertical comunitaria que genera orgullo, pertenencia y busca impacto internacional, con el reconocimiento particular en la protección de datos personales. Sólo hay un problema: en Europa no hay un solo líder ganador en el mundo digital.

 

Europa, a pesar de los espléndidos llamados del presidente Macrón para una sociedad digital, del ejemplar trabajo de Estonia y de las buenas prácticas en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones en España, no existe un ecosistema de creación de empresas digitales exitoso.

 

La sobrerregulación, la buena fe, la carga tributaria y laboral destruyen la innovación y la digitalización de la sociedad europea. Todos los países comunitarios han necesitado de enormes cantidades para financiar la transformación digital de su sociedad.

 

Sólo España invertirá más de 80 mil millones de euros en ese proceso. Esa cantidad en cada país es el efecto de la distorsión que genera la sobrerregulación de los mercados digitales y que debe ser pagado por los gobiernos.

 

Leyes como la Ley Raider en España, para regular las plataformas digitales de entrega desde el aspecto laboral, hoy son una pesadilla por sus efectos para las autoridades, los trabajadores, el sistema de transporte y la innovación. El éxito en la generación de empleos y habilitación de derechos fundamentales de estas plataformas de transporte y logística es acosado sistemáticamente por el oportunismo político, la ignorancia y las viejas formas de comprender la economía.

 

Costa Rica se encuentra entre una Europa que, como Cronos, se come a sus hijos y a un lado de EUA, donde el mercado generó una hiper libertad en materia de competencia económica y protección de datos personales, muy difícil de controlar a estas alturas. Ni el Senado norteamericano ha podido resolver por completo estos temas.

 

En América Latina, la tentación de regular lo que no se comprende está llevando a autoridades laborales, legisladores locales y federales a inventar problemas a las soluciones de empleo, que tampoco ellos han generado.

 

Las plataformas digitales de logística o delivery como ellas se llaman, hacen que zapatos, patines, bicicletas, motos y autos adquieran un valor económico al conjugarse con la data de las aplicaciones. Un valor que se incrementaría si a esa data se le agrega financiamiento, Fintech, mercadotecnia y se mejora no un servicio, sino la habilitación del derecho humano a la movilidad, al Internet y al efecto social y jurídico, de acceder al trabajo, a la educación y a la cultura, por medio de estas aplicaciones.

 

Cuidado, la mala regulación y las malas leyes conculcan derechos, inhiben la innovación y marginan ciudadanos.

 

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