septiembre 22, 2020

De pólvora y municiones

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¿Qué hay detrás de estas protestas sociales y estallidos de violencia que están impactando a la política regional? Aunque no hay una respuesta única y cada caso es nacional, quiero destacar tres puntos generales.

Primero: tras registrar en los 2000 una década de crecimiento impulsado por el dinamismo de China y los Tigres Asiáticos y el auge del comercio global, el ritmo de las economías latinoamericanas empezó a ralentizarse en el segundo decenio debido a la desaceleración de la demanda mundial como consecuencia de la crisis del 2008.

En el primer decenio, la región vivió el «boom de las commodities», cuyos precios subieron gracias a la fuerte demanda mundial. Ricos en recursos primarios, lejos de optar por un cambio económico orientado hacia una producción tecnológicamente avanzada y por ende más competitiva en el sistema global, los países de la región se volcaron a la exportación de materias primas y alimentos, en una riesgosa apuesta que los expertos calificaron de «re-primarización de las economías».

Segundo: el crecimiento económico mejoró las condiciones de vida de amplios sectores de la población al articularse con las políticas redistributivas que impulsaron los gobiernos de la llamada izquierda democrática (Chile, Brasil y Uruguay) y los regímenes neopopulistas (Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela), ambos dominantes en la escena política latinoamericana entre los 90 y 2015.

Ello condujo a una mejora de indicadores sociales, como la esperanza de vida, la mortalidad y la alfabetización, y favoreció la incorporación de nuevos sectores sociales al mercado. Pese a esos logros, y debido a que no se atendieron adecuadamente sus causas estructurales, persistieron la pobreza y la distribución desigual del ingreso que han caracterizado históricamente a la región.

Tercero: a la desigualdad imperante y el insuficiente crecimiento económico, hoy se suma la percepción social de que las élites políticas -progresistas o conservadoras- no comprenden y/o han sido incapaces de resolver satisfactoriamente las demandas ciudadanas.

A ello se añaden otros factores, como los elevados índices de violencia e inseguridad (21 países de la región están entre los 25 del mundo con las tasas de homicidio más altas), la extensión de la corrupción a nivel regional (caso Odebrecht) y nacional, la precarización salarial, las bajas pensiones, la falta de oportunidades para los jóvenes y la mala calidad y/o el acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación.

Esos problemas estructurales no resueltos y la acumulación de demandas sociales, aunados a las crecientes expectativas de participación política luego de tres décadas de vida democrática, se localizan en la base de las movilizaciones pacíficas y los estallidos violentos que hoy conmocionan a varias naciones y propician cambios inesperados en la política regional.

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