octubre 25, 2020

El análisis científico de un fenómeno natural y social, como lo es una epidemia, implica necesariamente medir aspectos que son de particular preocupación por su impacto en la sociedad que la padece: número de personas infectadas, hospitalizaciones, defunciones, pérdida de empleos, incremento de la pobreza y delincuencia, entre muchos otros.

Si se desea saber qué tanto van mejorando o empeorando dichos rubros, respecto a la situación previa a la epidemia, o respecto a la evolución misma de la epidemia en el tiempo, o bien en comparación con otros países, es necesario medirlos de alguna forma coherente y sistemática.

En Costa Rica hemos vivido una experiencia de comunicación por parte de nuestras autoridades de salud, en relación con la actual epidemia de COVID-19, que ha sido constante pero unidireccional.

Diariamente informan cifras al respecto, con la sartén por el mango: el vocero de la pandemia nacional presenta como absolutamente científico y técnicamente irrefutable lo que ahí comunica, y descalifica cualquier opinión en contrario, incluso aventurando sospechas sobre obscuros intereses detrás de cualquier cuestionamiento.

En los meses de marzo y abril, cuando todavía resultaba engañosamente conveniente comparar curvas epidémicas con otros países, en cifras absolutas, para dar la impresión de que nos iba mejor, lo hicieron.

Con las cifras actuales, eso resulta contraproducente para tal fin, y ahora las autoridades señalan que no tiene sentido comparar cifras absolutas de países con distintos tamaños de población.

Los contagios y defunciones continúan, y del famoso “pico” de la epidemia ya ni hablan las autoridades de salud, al parecer lo convirtieron en jarabe, del que ahora nos dan una cucharadita todos los días.

La política no puede derrotar a la ciencia, pero puede ignorarla… y pagar un alto precio por ello.

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