El aborto libre es una aspiración democrática

dcb831e3-5e50-4fd7-961a-713580991451

La discusión en torno al aborto voluntario es decisiva para avanzar en la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, así como sus derechos reproductivos. 

La actual prohibición total de la interrupción del embarazo vía tipificación penal -salvo razones terapéuticas- implica una barrera discriminatoria en el acceso a la salud en condiciones de igualdad.

Además, esta medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres -cis, queer o no binarias-  y su derecho a la vida privada, donde la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, y representa una intromisión indebida por parte del Estado en una esfera vedada al escrutinio público.

Así, la penalización del aborto recae solo en las mujeres por sus condiciones biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar un bienestar físico, mental, emocional y social.

Al establecer el derecho a la vida desde la concepción, el impacto en el acceso de las mujeres al aborto legal y sus repercusiones en la salud, la vida y la libertad de las mujeres es inconstitucional. Violenta un derecho básico, que es decidir de manera libre y voluntaria sobre su cuerpo. Esto no debería ser un camino tan accidentado, con retrocesos, baches y zanjas.

El Estado costarricense ha impuesto resistencias sostenidas debido a prejuicios morales, fundamentalismos religiosos y en cálculos políticos que han satanizado y trivializado el tema.

Por ello, la legalización del derecho abortivo no solo es trascendente, es fundamental: reconoce que la legislación penal actual en materia de aborto es violatoria de los derechos humanos de las mujeres e implica discriminación y violencia en su contra.

Una prohibición total de la interrupción del embarazo -vía tipificación penal-, implica una barrera discriminatoria en el acceso a la salud en condiciones de igualdad.

Es imperativo incorporar a nuestro marco jurídico elementos que fortalezcan el marco normativo y de interpretación del sistema internacional de derechos humanos, para reafirmar con toda claridad el carácter vinculante del bloque de constitucionalidad, los instrumentos internacionales, sus recomendaciones generales y observaciones, y así no quede la menor duda sobre la obligación que el Estado costarricense tiene de dar cabal cumplimiento a todos los derechos humanos de las personas, particularmente a los derechos de las mujeres.

Debemos eliminar cualquier posibilidad de interpretación ambigua que pueda introducir incertidumbre en relación con la utilidad y el sentido de urgencia por garantizar el pleno ejercicio del derecho a decidir de las mujeres.

Dejá un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: