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Daniel Ulibarri

El aborto libre es una aspiración democrática

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La discusión en torno al aborto voluntario es decisiva para avanzar en la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, así como sus derechos reproductivos. 

La actual prohibición total de la interrupción del embarazo vía tipificación penal -salvo razones terapéuticas- implica una barrera discriminatoria en el acceso a la salud en condiciones de igualdad.

Además, esta medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres -cis, queer o no binarias-  y su derecho a la vida privada, donde la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, y representa una intromisión indebida por parte del Estado en una esfera vedada al escrutinio público.

Así, la penalización del aborto recae solo en las mujeres por sus condiciones biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar un bienestar físico, mental, emocional y social.

Al establecer el derecho a la vida desde la concepción, el impacto en el acceso de las mujeres al aborto legal y sus repercusiones en la salud, la vida y la libertad de las mujeres es inconstitucional. Violenta un derecho básico, que es decidir de manera libre y voluntaria sobre su cuerpo. Esto no debería ser un camino tan accidentado, con retrocesos, baches y zanjas.

El Estado costarricense ha impuesto resistencias sostenidas debido a prejuicios morales, fundamentalismos religiosos y en cálculos políticos que han satanizado y trivializado el tema.